¿Crisis en Venezuela: la próxima “revolución de color”?

Durante dos meses la oposición de derechas se ha movilizado en Venezuela contra el gobierno de Maduro. Ya no se limita a las manifestaciones masivas pacíficas, sino que intenta ocupar por la fuerza las instituciones de gobierno, e incluso bases del ejército en la frontera con Colombia.

Al menos 54 personas murieron en los meses de abril y mayo. El liderazgo de la oposición, bajo la Alianza de la MUD (Mesa de la Unidad Democrática) exige una “transición pacífica” del poder estatal, pero es cada vez más claro que la situación en Venezuela se encamina hacia una decisiva prueba de fuerza entre el gobierno y la oposición.

En caso de victoria, la oposición amenaza con algo más que saldar cuentas con Maduro y sus inmediatos seguidores y apoyos. En concreto, amenaza con la destrucción de los logros de la Revolución Bolivariana, por ejemplo, en forma de prestaciones sociales para los pobres, así como con romper sus organizaciones. Si bien ambas partes dicen desear una solución pacífica del conflicto, esto es muy poco probable, si no totalmente excluido.

Ofensiva de la derecha

Los medios burgueses, y los gobiernos occidentales, presentan las acciones de la oposición como auto defensa contra el establecimiento de una dictadura bajo Maduro. El disparador, y la justificación, fue proporcionada por el Presidente Maduro cuando planeó reducir decisivamente los poderes del Parlamento, en el que la MUD tiene mayoría. De hecho, el decreto que aplica el fortalecimiento del poder presidencial fue suspendido por el Tribunal Supremo a principios de abril, pero esto no ha evitado que la oposición se movilizara desde entonces contra el presunto dictador.

Para ellos, después de varios fallidos intentos de golpe de estado por el “cambio de régimen” bajo el mandato de Chávez, el tiempo de hablar es cosa del pasado. Se ven fortalecidos por tres factores interrelacionados: en primer lugar, la política del gobierno de Estados Unidos; en segundo lugar, la crisis económica en Venezuela y, en tercer lugar, las contradicciones internas del proyecto bolivariano, que intenta satisfacer, al mismo tiempo, los intereses del capital nacional y de las masas.

La Revolución Bolivariana siempre fue una espina en la garganta del imperialismo de Estados Unidos. Los efectos de la crisis económica mundial y los cambios de régimen conservador en América Latina han llevado a un intervencionismo de los Estados Unidos más agresivo y más fuerte. No hay que olvidar que en marzo de 2015 Barack Obama dijo que Venezuela representaba “una inusual y extraordinariamente importante amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos”. ( https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2015/03/09/executi… ) Este año, el ruido de sables es aún más fuerte. Así, a principios de abril, el jefe del Comando Sur de EE.UU. advertía de que “la agudizada crisis humanitaria en Venezuela” requeriría una “respuesta regional”. ( http://www.southcom.mil/Portals/7/Documents/Posture%20Statements/SOUTHCO… )

Estas amenazas retóricas van de la mano con los intentos activos de la organización de Estados Americanos, OEA, bajo el liderazgo de su Secretario General, Luis Almagro, y los de otros países de la región, de presentar un proceso para el “restablecimiento de la democracia” en el país. El secretario de relaciones exteriores de Estados Unidos, Rex Tillerson, lo resumía así: “Estamos trabajando con la OEA para encontrar una solución negociada para una transición a la democracia en Venezuela”. Todo esto no es sólo sobre Venezuela sino también sobre objetivos geo-estratégicos. En primer lugar, desean reducir la influencia de China y Rusia y, en segundo lugar, la caída de Maduro fortalecería a la oposición de derechas en América Latina.

La crisis económica

Desde 2013, la situación económica se ha ido deteriorándose progresivamente. El detonante decisivo fue la caída del precio del crudo de alrededor de 100 a 35 dólares por barril. Incluso antes de 2013/14, una parte cada vez más grande de los ingresos petroleros tuvieron que ser utilizados para pagar la deuda, no sólo a los Estados Unidos, sino también a China. La caída en el precio del petróleo ha llevado a un aumento de la deuda pública y a una amenaza de bancarrota.

Desde 2014, el producto interno bruto ha disminuido alrededor del 5 por ciento anual. Al mismo tiempo la tasa de inflación ha aumentado masivamente. En el año 2016 fue, según se informa, de entre el 600 y el 700 por ciento. Como resultado, el dólar se ha establecido como una segunda divisa junto al bolívar.

Según cifras recientes, el gasto del gobierno en abril cayó un 40 por ciento en comparación con el mismo período del año pasado. En los primeros cuatro meses del año, la inversión del sector público disminuyó en un 28.1 por ciento.

Al mismo tiempo, se ha intensificado la escasez en el suministro de productos alimenticios, especialmente a partir de 2016. Esto es, sin duda, en parte debido a la intervención política consciente de las empresas privadas en la industria, pero también tiene razones económicas bastante “simples”. Los capitalistas pueden alcanzar un precio mucho mayor si no ofrecen los productos en el mercado regular, sino que los venden en el mercado negro a precios de dólar. Además, esto eleva la tasa de inflación.

Respuesta del gobierno

Hasta ahora, el gobierno de Maduro ha respondido a la agravada crisis económica con una mezcla de negación de los problemas, retóricas recriminaciones contra los imperialistas y más concesiones al capital.
Al principio de la crisis, se restó importancia a su escala. El gobierno entonces esperaba usar incentivos comerciales para conseguir estabilizar la economía. Intentó reducir la dependencia del país de la producción de petróleo haciendo concesiones al capital extranjero, en particular con el mega proyecto “Arco Minero del Orinoco”.

En una superficie de 112.000 kilómetros cuadrados, más del 10 por ciento del país, en el estado de Bolívar, se fomentará la extracción de oro, coltán, hierro, bauxita y diamantes. Los costes de desarrollo, beneficios y control corporativo deberán ser compartidos entre el grupo suizo Glencore, la Reserva de Oro Canadiense y el estado. Las consecuencias para el medio ambiente son apenas previsibles, y amenaza con la destrucción del hábitat de la población indígena. El proyecto debe ser asegurado por el ejército contra cualquier resistencia.

Asimismo, bajo Chávez, había ya una expansión del burocratismo y la aparición de una capa corrupta de capitalistas, funcionarios y burócratas, conocidos sarcásticamente como la Boli-burguesía, que cuidaba de sus propios intereses en las sombras de la revolución. Al mismo tiempo, el estado tomó medidas contra opositores de izquierda en los sindicatos y los proyectos de base que se oponían a las concesiones al capital.

En los últimos años, el carácter bonapartista del régimen ha quedado meridianamente claro al ir contra los intereses de su propia base social, la clase obrera y los pobres urbanos. La oposición aprovecha estas consecuencias de la crisis y de la política del régimen bolivariano. Se basa principalmente en las clases medias, la pequeña-burguesía y los capitalistas, pero también intenta explotar la enajenación de grandes sectores de las masas del régimen.

Contradicciones internas del proyecto bolivariano

Para entender esto, se deben entender las contradicciones internas y el carácter de clase del bolivarianismo.

Chávez lideró el movimiento como un líder populista de la pequeña-burguesía y ganó la presidencia de Venezuela en 1999 y nuevamente en 2002. A pesar de las muchas mejoras en las condiciones de vida de la gente de Venezuela que fueron alcanzados durante su tiempo en el cargo, su política no era socialista. Sus mandatos estuvieron marcados por la evolución hacia la izquierda y hacia la derecha, impulsado principalmente por la presión de las diferentes clases.

Como un Bonaparte izquierdista que aparentemente estaba por encima de las clases, pero que servía, sin embargo, a la burguesía, los eventos en la lucha de clases (internacional) lo condujeron, por una parte. a mejorar los medios de subsistencia de sus bases, pero por la otra, también a colaborar con los capitalistas y los imperialistas a expensas de esta base.

Económicamente, el socialismo de la Revolución Bolivariana nunca fue más allá de la redistribución de la riqueza. Las nacionalizaciones se limitaron generalmente a empresas económicamente débiles y también se llevaron a cabo de manera burocrática. Los proyectos de autogestión fueron marginados o estrechamente vinculados a la red de distribución de la burocracia, es decir, fueron incorporados. La base económica del capitalismo en Venezuela y, por tanto, la base material de la clase dominante, permaneció intacta.

Chávez no aplastó el estado capitalista venezolano, ni buscó ninguna ruptura revolucionaria. Lo dejó intacto y sólo lo reformó por medio de una nueva Constitución. Lo mismo es válido para el ejército. Incluso aunque Chávez hizo cambios en los rangos superiores, mantuvo la estructura del ejército y de la casta de oficiales. Menos aún ha cambiado en la policía, que se considera más conservadora y cercana a la derecha. No se habló de consejos de trabajadores o soldados ni de milicias de trabajadores, aunque se proclamó el “socialismo del siglo XXI” y un retórico punto álgido fue celebrado en 2008.

Debido al papel de mediador entre el capital y la clase obrera, no pudo aplicarse ningún proyecto claro de industrialización en forma de una economía planificada ni hubo ninguna reforma agraria adecuada. Esto habría necesitado una completa ruptura con la clase capitalista y la expropiación de su propiedad, lo que no pudo lograr el chavismo.

El estado venezolano seguía siendo un estado burgués y el régimen un régimen burgués que solo fingía estar por encima de las clases y, en última instancia, se propuso llevar a cabo el utópico intento de equilibrar los intereses opuestos por medio de una estrategia de reforma populista.

Hasta la profunda crisis de 2013, esto fue posible porque la riqueza social general crecía, proporcionando una base para la redistribución, que dio lugar a una mejora en la situación de las masas. Por ejemplo, el porcentaje de las personas en situación de pobreza cayó del 50 por ciento en 1998 al 25-30 por ciento en 2013, y la pobreza extrema se redujo a la mitad del 20 por ciento al 10 por ciento en el mismo período. La actual situación de crisis, sin embargo, pone en cuestión incluso estos logros.

Después de la victoria de la oposición en las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015, se propuso deshacerse de Maduro. Su respuesta a esto, así como a la creciente crisis económica, ha sido muy contradictoria. Por un lado, se concentró más poder en manos del gobierno y el ejecutivo; el país ha estado en estado de emergencia desde el comienzo de 2016. Por el otro continuamente se lanzan iniciativas pseudo-democráticas tales como la “Asamblea Constituyente” que, de alguna manera, deben atraer a la oposición. Por supuesto, la oposición lo rechaza. Su objetivo es el derrocamiento del gobierno y de todo el proyecto bolivariano, no encontrar un “entendimiento”.

Más contradictorio y devastador es, sin embargo, el balance de Maduro en el campo económico y social. Para superar la crisis en Venezuela, lo que se necesita no es compensación o más concesiones al capital, sino intervenir contra la propiedad privada en los sectores económicos claves.

Salvaguardar los suministros de alimentos, derrotar la especulación y reducir precios inflados no puede lograrse simplemente mediante la concesión de aumentos de salarios. Por ejemplo, los salarios aumentaron en un 60 por ciento en mayo de 2017 pero la hiperinflación ha llegado al 600-700 por ciento.

En cambio, lo que es necesario para el estado es socializar la industria de alimentos y los latifundios sin indemnización. La producción debería continuar bajo el control de los trabajadores o, en muchos casos, ser reiniciada. Para combatir la especulación y el mercado negro tendría que realizarse el intercambio directo entre los consumidores en las ciudades y los trabajadores en el sector agrícola, a través de los sindicatos y comités de distrito.

Con el fin de defender los logros de las últimas dos décadas, las masas deben ir más allá de los límites de la estrategia bolivariana. Para defender la revolución y asegurar el suministro a la población, deben ir más allá de las medidas a medias y poner en cuestión la propiedad burguesa misma.

Sin embargo, los trabajadores, los campesinos y los pobres urbanos no deben confiar en el aparato del estado o en el gobierno. En su lugar, deben exigir de Maduro y su régimen los medios para asegurar la revolución. Por un lado, esto debe girar en torno a la consigna de la expropiación, control de producción y distribución, y un plan para abastecer la población.

Por el otro lado, también necesitan los medios para defenderse de una posible contrarrevolución. Un programa de abastecimiento de alimentación, la distribución de alimentos a los necesitados, acciones decisivas contra saboteadores y el mercado negro, encontrarán sin duda la resistencia violenta de la derecha, ya sea en forma de matones de la oposición, sus paramilitares, delincuentes o fuerzas armadas respaldadas por EE.UU., o el ejército y la policía pasados al lado de la derecha.

Contra esto, sólo el armamento de las masas y la formación de milicias de trabajadores, campesinos y pobres urbanos, sería una defensa confiable. La policía debe ser disuelta y reemplazada por esas milicias. Aquellos en las fuerzas de seguridad que son más cercanos a las masas podrían proporcionar entrenamiento de armas. Al mismo tiempo, tendría que abordarse la creación de comités de soldados en el ejército y tendría que haber una purga de los elementos poco fiables y contrarrevolucionarios.

Estas medidas son necesarias para asegurar los logros actuales de la revolución y los suministros de alimentos para las masas y para arrancar de nuevo la economía. Al mismo tiempo, serían los órganos de combate de las masas, que tendrían que generalizarse en todo el país y ampliarse y centralizarse en los consejos de delegados obreros, soldados y campesinos. Así, podrían sentar las bases para ir más allá del bolivarianismo en la práctica.

Es sobre estas instituciones, no sobre las del aparato del estado burgués burocrático, en las que debe basarse un gobierno de obreros y campesinos, que abogue por una economía democráticamente planificada, una transformación socialista de la economía y la revolución en toda América Latina.

Toda la historia del bolivarianismo muestra que el liderazgo de Maduro no está preparado para esto, sino que se aferra al curso de la cooperación con la burguesía.

Los Revolucionarios, por lo tanto, tienen que combinar una política de lucha conjunta con el liderazgo bolivariano y Maduro contra la contrarrevolución apoyada por EE.UU., con demandas para proveer a las masas con los medios necesarios para actuar con determinación contra la reacción, para expropiar a los capitalistas y para detener la represión contra la izquierda.

Esto es absolutamente importante, porque una victoria de la contrarrevolución bajo el imperialismo de la MUD y de Estados Unidos significaría no sólo el neoliberalismo desenfrenado, sino, con toda probabilidad, el establecimiento de una dictadura para desmantelar el movimiento de masas al que dio a luz el chavismo. Si hoy la prensa burguesa habla de “el dictador Maduro”, no debería cegarnos al hecho de que una contrarrevolución de la vieja oligarquía y el imperialismo no podría “estabilizar” Venezuela sin medidas sumamente dictatoriales.

Por lo tanto sería políticamente miope, incluso criminal, igualar al chavismo con la oposición de derecha. El hecho de que ambos “en el fondo” defiendan la propiedad burguesa no significa que las masas deben ser indiferentes a qué campo es victorioso o cómo. Al contrario, la contrarrevolución inminente de la derecha exige una política de frente unido hacia el PSUV y Maduro.

Esta política, sin embargo, no se debe confundir con apoyo político para el régimen. Precisamente la situación actual requiere un balance crítico de los últimos años. Más aún, exige una ruptura con la política populista del chavismo y su estrategia.

Su política vacilante lleva a conflictos con la clase obrera y la población rural. Para garantizar que las fracturas resultantes y los movimientos de alejamiento del chavismo no den una ventaja a la derecha, los revolucionarios deben promover un programa de acción y hacer un llamamiento a las organizaciones existentes de la clase obrera, ya sean reformistas o populistas, para formar un frente unido en la lucha contra la oposición pro-imperialista.

En los últimos años, se han formado agrupaciones a la izquierda del partido bolivariano, el PSUV y hay también un creciente descontento dentro de su propia base. Los revolucionarios deben relacionarse con estas fuerzas y enfatizar la necesidad de construir el Partido Obrero Revolucionario como alternativa al bolivarianismo.